Código Procesal Penal español
Las asociaciones de mujeres españolas han reclamado una ley integral contra la violencia de género desde 1993 [1], entre 1994 y 1998, las asociaciones de mujeres lucharon por conseguir una ley sobre las órdenes de alejamiento para los hombres violentos, y protección para las mujeres y niños víctimas de violencia doméstica.
La reivindicación de una ley integral contra la violencia de género, fue continua, se realizaron diversas campañas hasta finales de 1998, cuando el Partido Socialista asumió el reto, e invitó a dichas asociaciones a elaborar el primer proyecto de ley contra la violencia de género, presentado en el Parlamento por el Grupo Parlamentario Socialista el 16 de diciembre de 2001. Se realizó una votación para aceptar la propuesta, que finalmente fue rechazada por los votos del gobernante Partido Popular.
Al ser rechazada la propuesta, el Secretario General del Partido Socialista D. José Luis Rodríguez Zapatero se comprometió a que la primera ley de su gobierno sería una ley compresiva contra la violencia de género.
A Daphne «Proteger» promovida por la Asociación de Mujeres Juristas Themis, con socios Deutscher Juristinnenbund (DJB) y Associaçao Portuguesa de Muheres Juristas, LEFO de Austria y la Fundación La Strada de Polonia, elaboró la «Guía de buenas prácticas y usos forenses para combatir la violencia de género en Europa» y propuso una ley compresiva.
Leyes penales especiales
ARCHIVO – Unas mujeres protestan contra un tribunal español que condenó a cinco de los seis hombres acusados de violar en grupo a una niña de 14 años a penas de entre 10 y 12 años de cárcel por abusar sexualmente de la menor, pero los absolvió de violación, frente al Ministerio de Justicia en Madrid.
Una nueva ley española histórica sobre violencia sexual es objeto de protestas después de que al menos 15 delincuentes condenados utilizaran la legislación para conseguir reducciones de sus penas de cárcel, mientras que otros fueron puestos en libertad.
Anteriormente, las condenas por violación sólo podían conseguirse si los fiscales podían demostrar que se había empleado violencia o intimidación. A menudo, se alegaba un cargo menor de abuso sexual si no podían probarse estos factores.
La ley eleva las penas por violación en grupo o sometimiento químico, pero reduce tanto las penas máximas como las mínimas en los casos en que no concurran circunstancias agravantes como violencia o intimidación.
En un revés políticamente embarazoso para el gobierno español de izquierdas, que ha hecho del feminismo una parte central de sus políticas, los delincuentes cuyos delitos inspiraron la nueva ley de violación podrían beneficiarse de la legislación.
Código Penal revisado
El Código Penal ha sufrido una importante transformación con los delitos que tratan de la lucha contra la corrupción. El texto actual la califica de delito societario, cuando en realidad cualquiera puede ser víctima de este tipo de delitos. Con la reforma, las infracciones penales castigarán los actos desleales cometidos mediante abuso de gestión, o la gestión desleal de bienes de un tercero que causen un perjuicio o creen un peligro de pérdida. Así, se castigarán los contratos de servicios sin utilidad, firmados sin contraprestación y realizados a un precio superior al que deberían.
El proyecto de ley tipifica, como malversación, todos los casos de gestión desleal de bienes públicos: contratos a precios que no reflejan la realidad, contratos sin contraprestación y utilización de bienes públicos para fines privados… No será necesario probar una ganancia, sino que bastará con probar que ha habido una conducta desleal.
Se revisan los delitos de insolvencia punible; por conductas que dificulten o frustren la ejecución de la insolvencia o concurso. Se mejorará la eficacia de la aplicación de estos delitos, entre los que se incluye la ocultación de bienes, lo que a su vez proporcionará una mayor protección a los acreedores.
Norma inglesa en Derecho penal
El derecho penal es el conjunto de leyes relacionadas con la delincuencia. Prescribe conductas percibidas como amenazantes, nocivas o que ponen en peligro la propiedad, la salud, la seguridad y el bienestar moral de las personas, incluido el propio. La mayor parte del derecho penal se establece por estatuto, es decir, las leyes son promulgadas por una legislatura. El derecho penal incluye el castigo y la rehabilitación de las personas que infringen dichas leyes.
En el derecho romano, los Comentarios de Gayo a las Doce Tablas también mezclaban los aspectos civiles y penales, tratando el hurto (furtum) como un agravio. La agresión y el robo con violencia se equiparaban a la usurpación de la propiedad. La infracción de estas leyes creaba una obligación de derecho o vinculum juris que se extinguía mediante el pago de una compensación monetaria o una indemnización por daños y perjuicios. El derecho penal de la Roma imperial se recoge en los libros 47-48 del Digesto[4]. Tras el renacimiento del derecho romano en el siglo XII, las clasificaciones y la jurisprudencia romanas del siglo VI sentaron las bases de la distinción entre derecho penal y civil en el derecho europeo desde entonces hasta la actualidad[5].