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El citado RDL 10/2020 será de aplicación a todos los trabajadores que presten servicios en empresas o instituciones públicas o privadas cuya actividad no haya sido interrumpida por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. En concreto, y sin perjuicio de las modificaciones que pueda adoptar la autoridad competente, quedan excluidos de su aplicación los siguientes empleados:
En su caso, para el mantenimiento de la actividad mínima imprescindible, las empresas que deban aplicar el permiso retribuido recuperable podrán establecer un número mínimo de trabajadores o turnos estrictamente necesarios. Esta actividad y este número mínimo de trabajadores o turnos se basará en la actividad desarrollada durante un fin de semana ordinario o festivo.
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La nueva legislación especifica que, en caso de fuerza mayor, la empresa debe presentar una solicitud a la Autoridad Laboral junto con un informe que contenga la explicación de la correlación entre la medida propuesta y las medidas aplicadas por el Gobierno. Asimismo, la Empresa deberá informar a los trabajadores de la solicitud de suspensión formulada a la Autoridad y entregar copia de la solicitud y de los documentos que la acompañen a la representación de los trabajadores, si la hubiere. Si las autoridades españolas lo consideran oportuno, se emitirá un informe en el plazo de 5 días en este sentido y, a continuación, se dictará una resolución.
Si los empresarios no pueden justificar estas medidas en causas de fuerza mayor, deberán poner en marcha el proceso basándose en causas económicas, técnicas, organizativas y productivas, que serán sometidas a un periodo de negociación con los representantes de los trabajadores.
En el caso de suspensión de contratos de trabajo o reducción de jornada por causas de fuerza mayor, la Seguridad Social eximirá del pago de las cuotas empresariales a aquellos empresarios que tengan menos de 50 trabajadores. Para aquellos empleadores que tengan 50 o más empleados, la Seguridad Social exonerará el 75% de las cotizaciones a la Seguridad Social durante este periodo. Dichas exoneraciones están condicionadas a que los empleadores mantengan los niveles de empleo en los 6 meses siguientes a la reactivación de la actividad normal.
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Es el procedimiento que han de llevar a cabo las empresas cuando, como consecuencia de razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, hayan de suspender temporalmente la totalidad o parte de su actividad, con la consiguiente suspensión de contratos de trabajo o la reducción temporal de la jornada de trabajo de las personas trabajadoras en dicha empresa.
Al tratarse de una medida temporal, la empresa no deberá abonar indemnización alguna a los trabajadores afectados, sin perjuicio del derecho de éstos a percibir las correspondientes prestaciones de desempleo.
La empresa enviará un correo electrónico a sgrl@mitramiss.es indicando un teléfono de contacto, la dirección de los centros de trabajo y una relación de trabajadores por centro de trabajo. A partir de ese correo se le facilitará información sobre la forma de proceder.
No, no todas las empresas afectadas por un ERTE tienen derecho a la exoneración de tasas, la abundante normativa que se ha ido publicando a partir del Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo, ha ido regulando la motivación de las empresas según la evolución o situación de la pandemia (a través de diferentes tipos de ERTEs), bonificando en un primer momento a aquellas empresas cuya actividad fue suspendida o limitada por la pandemia, posteriormente en la transición o desescalada bonificando a aquellas empresas que fueron recuperando su actividad paulatinamente y con el Real Decreto Ley 30/2020 de 29 de septiembre incentivando a aquellas empresas cuya por reaparición de la pandemia su actividad ha sido limitada o suspendida.
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Un ERTE es un expediente de regulación temporal de empleo. Básicamente se trata de una suspensión de contratos pero de carácter temporal o incluso puede suponer una reducción de jornada.
De momento no hay plazo. Sin embargo, se estipula que lo más razonable sería que se estableciera por un periodo superior a 15 días. De esta forma, el empresario puede tener un mayor margen en caso de que la situación se extienda.
Normalmente, los trabajadores que se encuentran en esta situación pueden solicitar la prestación por desempleo, siempre que hayan cotizado más de 360 días o cuando sus ingresos no superen el 75% del salario mínimo interprofesional.