El estallido de la burbuja inmobiliaria de hace unos años y la grave crisis que se vivió en muchas partes del mundo (entre ellas y especialmente en España) causó una realidad oculta hasta ese momento: los graves problemas a los que se debían enfrentar los deudores hipotecados.
Se podrían entrar a valorar las múltiples responsabilidades de todas las partes existentes en el asunto, se podrían entrar a analizar mil y una variables, pero nada de eso corresponde al objeto de este artículo. Corresponde al objeto de este artículo el hacer patente que se produjo una realidad: miles y miles de personas y de familias enteras se quedaron desprotegidas.
Esta situación demostró que los deudores hipotecados durante años habían sufrido algunas prácticas no del todo correctas, que habían quedado opacas, mientras la situación no se complicó pero que estallaron cuando el agua acabo rebosando el vaso.
La necesidad de una mayor protección de los deudores hipotecados
Dichos sucesos ocasionaron que miles y miles de personas y familias no pudiesen pagar de la noche al día sus hipotecas y ello originó una crisis social de primer nivel con las correspondientes reacciones sociales, ello obligo a cambiar en parte de modelo y a rectificar aquello que se había estado haciendo como un estándar y con normalidad hasta esos momentos.
Por todo lo mencionado anteriormente, y en aras de una mayor protección de los deudores hipotecados, los organismos competentes empezaron a tomar medidas en el asunto y el legislador optó por empezar a tomar cartas en el asunto implementando nuevas realidades legales destinadas a paliar la situación y también a evitar que la misma se pudiese volver a repetir en las mismas condiciones y en tal magnitud.
La primera gran medida llegó (en el marco legislativo español) con el Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre, una primera gran medida que condujo a la aprobación de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.
Evolución de la protección
Desde ese ahora ya lejano 2013 se ha ido ahondando en la cuestión y, por ejemplo, en el año 2015, mediante un nuevo Real Decreto se modificó la Ley 1/2013 para ampliar el plazo de protección mediante el periodo de suspensión de lanzamientos que otorgaba la ley.
Luego, la cuestión de la protección a los deudores hipotecados ha seguido evolucionado y en fechas más recientes se ha establecido un nuevo Real Decreto (5/2017) que plantea un nuevo aplazamiento en el fin del periodo de suspensión de los lanzamientos que establecía originariamente la Ley 1/2013 pero que, además, ahonda en otros aspectos relacionados con el asunto.
Tal y como se puede ver, el asunto de la protección de los deudores hipotecados no ha dejado de evolucionar en los últimos años y el marco hipotecario actual difiere bastante del establecido antes del estallido de todo el conflicto económico de ahora hace ya algunos años. Queda mucho por hacer, pero sin duda el camino recorrido es innegable.